ANCI insiste en la importancia de un Pacto de Estado de Infraestructuras

 

Las 25 medianas empresas constructoras que componen la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), han celebrado en Madrid su Asamblea General Anual. Durante la misma, el presidente de ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, ha elevado una serie de peticiones que la asociación formula al nuevo Gobierno, “peticiones inspiradas en la necesidad de crecimiento del sector, y ya no solo por intereses sectoriales, sino por la necesidad de crear empleo, asegurar mayores ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y así mejorar las previsiones en materia de pensiones, y al tiempo mejorar la vertebración interterritorial, la movilidad y fortalecer la cohesión social”.

Las peticiones de ANCI son las siguientes:

  • Pacto de Estado Infraestructuras Terrestres. Un Pacto de Estado a largo plazo, no menos de 10 años, que desde ANCI se reclama, una vez más, por la vertebración del país y el desarrollo de una movilidad sostenible y competitiva: porque según la asociación no se puede permitir una España de dos velocidades y porque se debe paliar el déficit de más de 100.000 millones que se acumula desde el inicio de la crisis. Se necesita incrementos sucesivos de la inversión, por encima del PIB, si no se quiere descolgar y lastrar la competitividad ante los países de nuestro entorno.
  • Pacto de Estado del Agua. Asimismo, deberían retomarse sin dilación alguna los trabajos sobre el agua iniciados en la etapa anterior, análisis por un Pacto de Estado del Agua, donde se alcanzaron bases sólidas para culminar un acuerdo. Además de las multas, la Agenda 20/30 de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas, concretamente su objetivo 6 [ODS], supone un acicate para culminar esta tarea. Se considera urgente abordar la política de trasvases y de intercambio de Cuencas, como reclamaba en 1996 el ministro Josep Borrell.
  • Pago por uso. Implantar la tarificación por uso de las carreteras para garantizar una movilidad sostenible y socialmente responsable, asegurando el uso finalista de los recursos obtenidos en un fondo para infraestructuras. Confiamos en que la subcomisión planteada en el Congreso durante la pasada legislatura a tal efecto pueda iniciar sus trabajos antes de fin de año.
  • Ejecución presupuestaria. Todo presupuesto debe tender a ejecutarse realmente al 100%. Recientemente se destacaba en la prensa como en 2018 sólo se había invertido en la red ferroviaria la mitad de las inversiones previstas.
  • Corredor Mediterráneo. Interiorizar y asumir la trascendencia del Corredor Mediterráneo, y a tal fin poner todos los medios en los PGE para una rápida puesta en marcha.
  • Abordar de forma definitiva y sin pausa las obras del AVE a
    Extremadura-Lisboa y las de Cantabria.
  • Rentabilidad. Los proyectos necesitan rentabilidades parejas a las de mercado para poder ejecutarse. Las limitaciones que viene presentando la Ley de Desindexación deben ser resueltas para presentar alternativas viables.
  • Dimensión de las obras licitadas. Siempre que sea posible, las licitaciones de obra presupuestaria deben evitar importes que supongan limitaciones a empresas no cotizadas y que lleven a que, en la práctica, sólo las empresas más grandes puedan acceder con posibilidades a las mismas. Deben dividirse en lotes racionales como norma general, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, para favorecer la igualdad de oportunidades, la concurrencia y la competencia con el fin de lograr una mayor eficacia en el servicio al ciudadano.

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